OHCHR / EL SALVADOR HUMAN RIGHTS – SPANISH
28-Mar-2023
00:01:35
La vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, dijo que el estado de excepción en El Salvador, en vigor desde hace un año, ha permitido a las autoridades adoptar varias medidas que suscitan grave preocupación en materia de derechos humanos. ACNUDH
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STORY: OHCHR / EL SALVADOR HUMAN RIGHTS – SPANISH
TRT: 01:35
SOURCE: OHCHR
RESTRICTIONS: PLEASE CREDIT OHCHR ON SCREEN
LANGUAGE: SPANISH / NATS
DATELINE: 28 MARCH 2023 GENEVA, SWITZERLAND
TRT: 01:35
SOURCE: OHCHR
RESTRICTIONS: PLEASE CREDIT OHCHR ON SCREEN
LANGUAGE: SPANISH / NATS
DATELINE: 28 MARCH 2023 GENEVA, SWITZERLAND
SHOTLIST
1. Various shots, exterior, Palais Wilson
2. SOUNDBITE (Spanish) Marta Hurtado, vocera, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH):
“El estado de excepción en El Salvador, en vigor desde hace un año, ha permitido a las autoridades adoptar varias medidas que suscitan grave preocupación en materia de derechos humanos. Comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, el Estado tiene el deber de hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos. En el último año, al menos 65.000 personas han sido detenidas. Algunas de estas detenciones masivas, incluídas las de menores, pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen basarse en el aspecto o los antecedentes sociales de los detenidos. Las condiciones en los lugares de detención también son muy preocupantes. Hemos recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los reclusos, como el hacinamiento, el aislamiento prolongado y el hecho de que reclusos con enfermedades crónicas no reciban la medicación prescrita. Resulta especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto presuntamente bajo custodia desde que se decretó el estado de excepción. Recordamos a las autoridades que el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, los principios de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, incluso durante los estados de emergencia declarados.”
3. Wide shot exterior, Palais Wilson
2. SOUNDBITE (Spanish) Marta Hurtado, vocera, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH):
“El estado de excepción en El Salvador, en vigor desde hace un año, ha permitido a las autoridades adoptar varias medidas que suscitan grave preocupación en materia de derechos humanos. Comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, el Estado tiene el deber de hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos. En el último año, al menos 65.000 personas han sido detenidas. Algunas de estas detenciones masivas, incluídas las de menores, pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen basarse en el aspecto o los antecedentes sociales de los detenidos. Las condiciones en los lugares de detención también son muy preocupantes. Hemos recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los reclusos, como el hacinamiento, el aislamiento prolongado y el hecho de que reclusos con enfermedades crónicas no reciban la medicación prescrita. Resulta especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto presuntamente bajo custodia desde que se decretó el estado de excepción. Recordamos a las autoridades que el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, los principios de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, incluso durante los estados de emergencia declarados.”
3. Wide shot exterior, Palais Wilson
STORYLINE
La vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Marta Hurtado, dijo que el estado de excepción en El Salvador, en vigor desde hace un año, ha permitido a las autoridades adoptar varias medidas que suscitan grave preocupación en materia de derechos humanos.
Hurtado dijo “Comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, el Estado tiene el deber de hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos.”
En el último año, al menos 65.000 personas han sido detenidas.
Algunas de estas detenciones masivas, incluídas las de menores, pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen basarse en el aspecto o los antecedentes sociales de los detenidos.
Hurtado dijo “Las condiciones en los lugares de detención también son muy preocupantes. Hemos recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los reclusos, como el hacinamiento, el aislamiento prolongado y el hecho de que reclusos con enfermedades crónicas no reciban la medicación prescrita.”
Resulta especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto presuntamente bajo custodia desde que se decretó el estado de excepción.
Hurtado dijo “Recordamos a las autoridades que el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, los principios de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, incluso durante los estados de emergencia declarados.”
[ENGLISH VERSION]
The spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Marta Hurtado, said that the state of emergency has now been in force in El Salvador for a year – a year during which the authorities have taken several measures that raise serious human rights concerns.
An initial month-long state of emergency was introduced on 27 March 2022 and has since been regularly renewed.
Hurtado said, “We understand the serious challenges posed by gang violence, and the State’s duty to ensure security. However, it is the State’s duty to do so in compliance with international human rights law.”
Over the past year, at least 65,000 people have been detained. Some of these mass detentions, including of children, may amount to arbitrary detention, as they appear to be based on poorly substantiated investigations, on crude profiling of the physical appearance or social background of those detained.
Conditions in frequently overcrowded places of detention are also deeply concerning.
Hurtado said, “We have received allegations of serious violations of prisoners’ rights, such as prolonged solitary confinement and inmates with chronic disease not receiving prescribed medication.”
There have also been reports of other forms of ill-treatment.
It is especially worrying that 90 people have allegedly died in custody since the state of emergency was first enacted, and only limited information is available on how the investigations into these deaths are proceeding.
States have a heightened duty to protect the lives of individuals deprived of their liberty.
The national human rights institution has so far collected about 7,900 complaints of human rights violations against prisoners.
OHCHR calls on the authorities in El Salvador to ensure people are not arrested without sufficient legal authorization and ensure that those detained are afforded all fundamental safeguards as required under international human rights law.
OHCHR also calls on the authorities to allow the national human rights institution unrestricted access to all prison facilities so it can conduct regular, independent reporting on prison conditions.
Hurtado said, “We remind the authorities of international experience showing that relying on an overly repressive penitentiary model reduces the chances of prisoners being successfully reintegrated into society.”
The right to life, the absolute prohibition against torture, the principles of a fair trial, including the presumption of innocence, as well as the procedural safeguards that protect these rights always apply, even during declared states of emergency.
To find long-term, sustainable solutions to insecurity and crime, the root causes of gang violence – such as social inequalities, marginalization, and the lack of effective social policies and governance – must be addressed.
Hurtado dijo “Comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de garantizar la seguridad. Sin embargo, el Estado tiene el deber de hacerlo respetando el derecho internacional de los derechos humanos.”
En el último año, al menos 65.000 personas han sido detenidas.
Algunas de estas detenciones masivas, incluídas las de menores, pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen basarse en el aspecto o los antecedentes sociales de los detenidos.
Hurtado dijo “Las condiciones en los lugares de detención también son muy preocupantes. Hemos recibido denuncias de graves violaciones de los derechos de los reclusos, como el hacinamiento, el aislamiento prolongado y el hecho de que reclusos con enfermedades crónicas no reciban la medicación prescrita.”
Resulta especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto presuntamente bajo custodia desde que se decretó el estado de excepción.
Hurtado dijo “Recordamos a las autoridades que el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura, los principios de un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, incluso durante los estados de emergencia declarados.”
[ENGLISH VERSION]
The spokesperson for the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Marta Hurtado, said that the state of emergency has now been in force in El Salvador for a year – a year during which the authorities have taken several measures that raise serious human rights concerns.
An initial month-long state of emergency was introduced on 27 March 2022 and has since been regularly renewed.
Hurtado said, “We understand the serious challenges posed by gang violence, and the State’s duty to ensure security. However, it is the State’s duty to do so in compliance with international human rights law.”
Over the past year, at least 65,000 people have been detained. Some of these mass detentions, including of children, may amount to arbitrary detention, as they appear to be based on poorly substantiated investigations, on crude profiling of the physical appearance or social background of those detained.
Conditions in frequently overcrowded places of detention are also deeply concerning.
Hurtado said, “We have received allegations of serious violations of prisoners’ rights, such as prolonged solitary confinement and inmates with chronic disease not receiving prescribed medication.”
There have also been reports of other forms of ill-treatment.
It is especially worrying that 90 people have allegedly died in custody since the state of emergency was first enacted, and only limited information is available on how the investigations into these deaths are proceeding.
States have a heightened duty to protect the lives of individuals deprived of their liberty.
The national human rights institution has so far collected about 7,900 complaints of human rights violations against prisoners.
OHCHR calls on the authorities in El Salvador to ensure people are not arrested without sufficient legal authorization and ensure that those detained are afforded all fundamental safeguards as required under international human rights law.
OHCHR also calls on the authorities to allow the national human rights institution unrestricted access to all prison facilities so it can conduct regular, independent reporting on prison conditions.
Hurtado said, “We remind the authorities of international experience showing that relying on an overly repressive penitentiary model reduces the chances of prisoners being successfully reintegrated into society.”
The right to life, the absolute prohibition against torture, the principles of a fair trial, including the presumption of innocence, as well as the procedural safeguards that protect these rights always apply, even during declared states of emergency.
To find long-term, sustainable solutions to insecurity and crime, the root causes of gang violence – such as social inequalities, marginalization, and the lack of effective social policies and governance – must be addressed.
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Topical Subjects
Geographic Subjects
Corporate Subjects
Source
Alternate Title
unifeed230328c