OHCHR / BACHELET NICARAGUA - SPANISH

STORY: OHCHR / BACHELET NICARAGUA
TRT: 02:26
SOURCE: UNTV-CH
RESTRICTIONS: NONE
LANGUAGE: SPANISH / NATS

DATELINE: 16 JUNE 2022, GENEVA, SWITZERLAND

SHOTLIST:

1. Wide shot, exterior alley of flags at Palais des Nations
2. SOUNDBITE (Spanish) Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR):
“Hago propicia esta ocasión para reiterar mi pedido a las autoridades competentes de asegurar la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y garantizar su integridad física y psíquica. Asimismo, insto encarecidamente a las autoridades para que se lleve a cabo una verificación independiente de las condiciones de detención y se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad; así como condiciones de detención de acuerdo a estándares internacionales.”
[I take this opportunity to again urge the competent authorities to ensure the swift release of all people arbitrarily detained, and to guarantee their physical and mental integrity. Likewise, I strongly urge authorities that an independent verification of detention conditions be undertaken. They should take all necessary measures to guarantee the physical and mental integrity of those deprived of their liberty, and to ensure that conditions of detention are in line with international standards.]
3. Med shot, participants HRC room 20
4. SOUNDBITE (Spanish) Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR):
“Sigo muy preocupada por la dramática reducción del espacio cívico en el país.”
[I remain very concerned about the dramatic reduction of civic space in the country.]
5. Med shot, participants HRC room 20
6. SOUNDBITE (Spanish) Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR):
“A la fecha, la Asamblea Nacional, a petición del Gobierno, ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones desde inicios de este año, lo que arroja un total de al menos 454 desde noviembre de 2018. Esto no solo ha afectado a organizaciones de derechos humanos, sino también a otras organizaciones nacionales e internacionales, que trabajaban en educación y desarrollo, así como asociaciones médicas y profesionales.”
[To date, the National Assembly, at the request of the Government, has cancelled the legal status of 388 organizations since the beginning of the year, bringing the total to at least 454 since November 2018. This has not only affected human rights organizations, but also other national and international organizations working on education and development, as well as medical and professional associations.]
7. Med shot, participants HRC room 20
8. SOUNDBITE (Spanish) Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR):
“Los límites y prohibiciones de esta ley obstruyen fuertemente el libre ejercicio del derecho a la libertad de asociación, así como otros derechos esenciales en una sociedad democrática.”
[The limits and prohibitions of this law severely hinder the free exercise of the right to freedom of association, as well as other fundamental rights of a democratic society.]
9. Cut away: participants HRC room 20
10. SOUNDBITE (Spanish) Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR):
“La crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que estamos presenciando en Nicaragua están expulsando a miles de personas de la seguridad de sus hogares. El número de nicaragüenses que abandonan el país está aumentando a cifras sin precedentes, incluso mayores a las registradas en la década de 1980.”
[The socio-political, economic and human rights crises we are witnessing in Nicaragua are driving thousands of people from the safety of their homes. The number of Nicaraguans leaving the country is growing in unprecedented numbers, even higher than in the 1980s.]
11. Wide shot, participants HRC room 20
12. SOUNDBITE (Spanish) Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR):
“Exhorto enfáticamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, – y no alejarse aún más de ellas. También insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional.”
[I strongly urge the Government of Nicaragua to uphold - not move further away from - its human rights obligations. I call on authorities to immediately cease policies which are today only serving to isolate the country and its people from the regional and international communities.]
13. Wide shot, room 20
14. SOUNDBITE (Spanish) Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR):
“Otorgar acceso al país al personal de mi Oficina constituiría un gesto positivo – estamos listos para impulsar esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua.”
[Granting access to the country for the staff of my Office would constitute a positive step forward – we stand ready to bolster efforts to advance human rights for the people of Nicaragua.]

STORYLINE:

SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION:

En estos últimos tres meses, la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha seguido deteriorando. Mi Oficina continúa documentando: detenciones arbitrarias y condiciones deplorables de detención para estas personas, cientos de organizaciones de la sociedad civil despojadas de su personalidad jurídica y, huyendo de la crisis, los nicaragüenses continúan abandonando el país alcanzando un número sin precedentes.

Según fuentes de la sociedad civil, 173 personas se encuentran privadas de libertad en relación con la crisis política y de derechos humanos que estalló en 2018. Quienes fueron detenidos en el contexto de las elecciones de 2021 están afrontando condiciones de detención contrarias a las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos, y muchos han sido procesados y condenados sin un debido proceso.

Estas personas detenidas, 11 mujeres y 39 hombres, han sido condenadas a penas de hasta 13 años de prisión y fueron inhabilitadas para ocupar cargos públicos. Cuarenta y cuatro fueron condenas por “propagar noticias falsas”, “menoscabar la integridad nacional” y otros delitos. Las otras seis personas fueron condenadas por lavado de dinero y delitos conexos. Sin embargo, estas condenas se habrían basado en alegaciones no comprobadas durante los procesos judiciales.

La mayoría permanecen privadas de libertad en un centro de detención policial. Este año, solo se les permitió cuatro visitas de sus familiares adultos, y a sus hijos e hijas menores de edad se les continúa negando el derecho de mantener contacto con sus padres y madres privados de libertad, a través de visitas y otros tipos de contacto. Los familiares han reportado que sus seres queridos se encuentran recluidos en condiciones inhumanas, con especial preocupación por quienes necesitan atención médica urgente, permanente o especializada, que las autoridades se rehusarían a brindar.

Actualmente, once personas se encuentran en detención domiciliaria. Sin embargo, de acuerdo a la normativa nacional vigente, este beneficio debería favorecer a todas las personas detenidas que sean adultos mayores o tengan enfermedades graves.

“Hago propicia esta ocasión para reiterar mi pedido a las autoridades competentes de asegurar la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente, y garantizar su integridad física y psíquica. Asimismo, insto encarecidamente a las autoridades para que se lleve a cabo una verificación independiente de las condiciones de detención y se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las personas privadas de libertad; así como condiciones de detención de acuerdo a estándares internacionales”, afirmó la Alta Comisionada

“Sigo muy preocupada por la dramática reducción del espacio cívico en el país”, agregó.

“A la fecha, la Asamblea Nacional, a petición del Gobierno, ha cancelado la personalidad jurídica de 388 organizaciones desde inicios de este año, lo que arroja un total de al menos 454 desde noviembre de 2018. Esto no solo ha afectado a organizaciones de derechos humanos, sino también a otras organizaciones nacionales e internacionales, que trabajaban en educación y desarrollo, así como asociaciones médicas y profesionales.”

También se ha cancelado arbitrariamente la personalidad jurídica de al menos 12 universidades, que ahora están bajo control estatal. Recientemente fue aprobada una reforma de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la cual somete la aprobación de los programas académicos de todas las universidades a la potestad de un órgano central. Esto representa una nueva amenaza para la libertad académica y la autonomía universitaria, elementos fundamentales del derecho a la educación y la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

Las autoridades aseguraron que las organizaciones e instituciones afectadas incumplieron con sus deberes administrativos y normas relacionadas con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. Sin embargo, la Oficina tiene conocimiento que sus representantes fueron impedidos de defenderse en un debido proceso ante una autoridad independiente.

La Alta Comisionada también expresó su seria preocupación respecto a las consecuencias de la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, que entró en vigor el 6 de mayo. Esta ley dificulta el registro de las organizaciones y permite al Gobierno total discrecionalidad para requerirles información sobre sus fondos, actividades y beneficiarios. Cualquier actividad realizada por una organización deberá ser sometida a la autorización previa del Gobierno y las organizaciones tendrán prohibido involucrase en actividades políticas. Además, la ley impone una cuota máxima del 25% de “miembros extranjeros” en cualquier organización.”

“Los límites y prohibiciones de esta ley obstruyen fuertemente el libre ejercicio del derecho a la libertad de asociación, así como otros derechos esenciales en una sociedad democrática,” aseguró la Alta Comisionada.

“La crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que estamos presenciando en Nicaragua están expulsando a miles de personas de la seguridad de sus hogares. El número de nicaragüenses que abandonan el país está aumentando a cifras sin precedentes, incluso mayores a las registradas en la década de 1980,” enfatizó.

En los últimos ocho meses, la cantidad refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses en Costa Rica se ha duplicado, alcanzando el número de 150,000. Esto representa el 3 por ciento de la población de Costa Rica. El número de personas nicaragüenses interceptadas en las fronteras de los Estados Unidos de América está viviendo un incremento inédito, aumentando de 3,164 a septiembre de 2020 a 92,037 a abril de 2022.En marzo de 2022, la cifra alcanzó 16,088, la más alta registrada hasta la fecha para un solo mes, y ocho veces más alta que la registrada en marzo de 2021.

La Oficina ha documentado varios casos de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades nicaragüenses que colocan al derecho a la libertad de circulación bajo grave amenaza.
Se han registrado casos de negación de renovación de pasaportes en un consulado de Nicaragua, exigiéndose a estas personas que presenten la solicitud de renovación en Nicaragua donde su seguridad correría peligro. También se documentó casos de retención injustificada de pasaportes a nicaragüenses que pretendían salir del país. Por otra parte, habría negado la entrada en el país a un ciudadano nicaragüense.

Además, desde mayo, la policía ha reanudado el acoso contra sacerdotes católicos, siguiéndolos e intimidándolos persistentemente. Dos de ellos fueron rodeados en sus iglesias por oficiales de la policía y se les prohibió la entrada a los feligreses. El Gobierno también ha ordenado la eliminación del Canal Católico de la grilla de televisión por cable.

En abril, dos comisiones de la Asamblea Nacional finalizaron el análisis de la legislación penal empleada para perseguir a quienes el Gobierno percibe como sus oponentes, y propuso un endurecimiento de penas e introducir otras medidas represivas como la confiscación de bienes. Esto genera serias preocupaciones que invitan a pensar que el Gobierno busca profundizar aún más la represión de voces críticas.

“Exhorto enfáticamente al Gobierno de Nicaragua a cumplir sus obligaciones internacionales de derechos humanos, – y no alejarse aún más de ellas. También insto a las autoridades a cesar inmediatamente las políticas que actualmente solo sirven para aislar al país y su gente de la comunidad regional e internacional”, dijo la Alta Comisionada.

“Otorgar acceso al país al personal de mi Oficina constituiría un gesto positivo – estamos listos para impulsar esfuerzos para promover los derechos humanos para el pueblo de Nicaragua,” concluyó.

ENGLISH VERSION:

In the past three months, the human rights situation in Nicaragua has continued to decline. My Office continues to report arbitrary detentions where detainees face appalling conditions, hundreds of civil society organisations being stripped of their legal status, and that fleeing the crisis, Nicaraguans continue to leave the country in unprecedented numbers.

According to civil society sources, 173 people are deprived of their liberty in connection with the political and human rights crisis that erupted in 2018. Those who were detained in the context of the 2021 elections are enduring conditions contrary to the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, and many have been prosecuted and convicted without due process.

These detainees - 11 women and 39 men - were sentenced to prison terms of up to 13 years and were disqualified from holding public office. Forty-four were convicted of "spreading false news" and/or "undermining national integrity" and other crimes. The other six were convicted for money laundering and related crimes. However, these convictions were reportedly based on allegations that were not substantiated during the judicial proceedings.

Most of these detainees remain deprived of their liberty in a police detention center. This year, they have been allowed only four visits from their adult relatives, and children continue to be denied the right to have any type of contact with their parents in detention. Relatives have reported their loved ones are being held in inhumane conditions, with particular concern for those in need of urgent, permanent or specialized medical care, which authorities reportedly refuse to provide.

At present, 11 people are under house arrest. In accordance with existing national regulations, this benefit should be granted to all older or seriously ill detainees.

I take this opportunity to again urge the competent authorities to ensure the swift release of all people arbitrarily detained, and to guarantee their physical and mental integrity. Likewise, I strongly urge authorities that an independent verification of detention conditions be undertaken. They should take all necessary measures to guarantee the physical and mental integrity of those deprived of their liberty, and to ensure that conditions of detention are in line with international standards.

I remain very concerned about the dramatic reduction of civic space in the country. To date, the National Assembly, at the request of the Government, has cancelled the legal status of 388 organizations since the beginning of the year, bringing the total to at least 454 since November 2018. This has not only affected human rights organizations, but also other national and international organizations working on education and development, as well as medical and professional associations.

The legal status of at least 12 universities has also been arbitrarily cancelled and they are now under State control. A reform of the Law of Autonomy of Higher Education Institutions was recently adopted, requiring academic programs of all universities to be approved by a central body. This represents a new threat to academic freedom and university autonomy, an integral component of the right to education and freedom for scientific research and creative activity.

The authorities have claimed that the organizations and institutions affected failed to comply with their administrative duties and regulations related to money laundering and terrorist financing. We know however that their representatives have been prevented from defending their position with due process before an independent authority.

I also hold grave concerns for the consequences of the new General Law for the Regulation and Control of Non-Profit Organizations, which entered into force on 6 May. This law makes the registration of organizations more difficult and allows the Government full discretion to demand information on their funds, activities and beneficiaries. Any activity undertaken by the organization must undergo prior authorization from the Government and organizations are prohibited from engaging in political activities. The law also imposes a maximum quota of 25% of "foreign members" in any organization.

The limits and prohibitions of this law severely hinder the free exercise of the right to freedom of association, as well as other fundamental rights of a democratic society.

The socio-political, economic and human rights crises we are witnessing in Nicaragua are driving thousands of people from the safety of their homes. The number of Nicaraguans leaving the country is growing in unprecedented numbers, even higher than in the 1980s.

In the last eight months, the number of Nicaraguan refugees and asylum seekers in Costa Rica has doubled, reaching a total of 150,000 new applicants since 2018. This represents three percent of Costa Rica's population. The number of Nicaraguans intercepted at the borders of the United States of America is also experiencing an unprecedented increase, rising from 3,164 in September 2020 to 92,037 in April 2022. In March 2022, the number reached 16,088, the highest recorded to date for a single month, and eight times higher than that recorded in March 2021.

My Office has documented several cases of harassment and intimidation by Nicaraguan authorities, placing the right to freedom of movement under grave threat. Passport renewals at a consulate abroad have been denied on some occasions, requiring the individuals to carry out the process in Nicaragua where their safety may be at risk. Nicaraguans intending to leave the country have also had their passports withheld without justification. Additionally, entry into the country of a Nicaraguan citizen has allegedly been denied.

In addition, since May, the police has resumed harassment of Catholic priests, persistently following and intimidating them. Two were surrounded in their churches by police officers and parishioners were forbidden entry. The Government has also ordered the removal of the Catholic Channel from the cable television grid.

In April, two commissions of the National Assembly completed an analysis of the criminal legislation being used to persecute those whom the Government perceives as opponents and proposed to tighten penalties and to introduce other repressive measures such as the confiscation of their assets. This raises serious concerns about the Government seeking to further deepen repression of critical voices.

I strongly urge the Government of Nicaragua to uphold - not move further away from - its human rights obligations. I call on authorities to immediately cease policies which are today only serving to isolate the country and its people from the regional and international communities.

Granting access to the country for the staff of my Office would constitute a positive step forward – we stand ready to bolster efforts to advance human rights for the people of Nicaragua.