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Los Estados tienen la obligación de proteger los derechos humanos de los migrantes, sin detrimento de su capacidad de decidir quién puede entrar y permanecer en su territorio.

Así lo indicó el último informe elaborado por el Grupo Mundial sobre Migración, del que forma parte el Fondo de Población de la ONU.

La publicación analiza el marco legal que protege los derechos humanos de estas personas. Además, señala que la violación de las libertades fundamentales de los migrantes reduce su contribución con el desarrollo.

El documento sostiene que a pesar de los efectos positivos que la migración aporta a los países de origen y de destino, no se la debe ver solamente como una variable económica más.

En América Latina y el Caribe viven seis millones y medio de migrantes, lo que equivale al 1% de la población. Mientras que el número de personas que emigra de la región alcanza el 4% del total de habitantes.

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Producción: Carlos Martinez