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La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos criticó hoy la decisión recién adoptada por el Parlamento Europeo que permitirá detener a los inmigrantes ilegales hasta un año y medio antes de deportarlos, y autorizará la expulsión de quienes sobrepasen los permisos de estadía.

Louise Arbour urgió a los parlamentarios y a la opinión pública europeos a comprender la necesidad de protección de las garantías fundamentales de esas personas y a considerar el contexto económico en el que se insertan.

Señaló que las sociedades occidentales suelen entender mejor las violaciones de derechos civiles y políticos, y no a quienes huyen de sus países por otras razones.

En este sentido, consideró que el mundo occidental ha fraccionado la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en dos grupos: los civiles y políticos, y los económicos y sociales.

Al cumplirse 60 años de esta Declaración, continuó Arbour, es necesario reagrupar estos derechos.

"Las personas cuyas vidas se ven amenazadas por la extrema pobreza, el hambre, la enfermedad y las epidemias, tienen derecho a tratar de escapar de esa situación y se les debe dar una protección equivalente a la que se brinda a los perseguidos por cuestiones políticas", sostuvo la Alta Comisionada.